M.K. es un niño de Mali que huyó de casa con doce años
cuando vio cómo Alqaeda raptaba a sus hermanos. Tardó dos años en llegar al monte
Gurugú, cruzó a Melilla y fue devuelto ilegalmente hasta en 4 ocasiones, siendo
menor y solicitante de asilo humanitario. Una vez que consigue llegar a la
península, con su partida de nacimiento, pasaporte, carta consular de su
embajada… todos los documentos que corroboran que es menor de edad, es
expulsado del sistema de protección y dejado literalmente en la calle porque
para la Fiscalía de Menores prevalece las pruebas óseas y genitales de
determinación de la edad (con un margen de error de 4 años) antes que su
documentación, la cual la embajada de Mali confirma que es verdadera.
En la calle, excepto para el Sistema de Protección, para
todas las demás Instituciones es menor de edad, incluso para la policía, que lo
encuentra en la calle a altas horas de la noche, le declara en desamparo y lo
devuelve al centro, y este a los días le vuelve a expulsar a la calle. Creándose
una indefensión total para un menor de edad, que no tienen ni los derechos de
un menor (no puede ser escolarizado, tutelado…) ni de mayor (no puede trabajar).
Lourdes Reyzabal nos explica que esta situación no es un
caso aislado, sino que es la forma generalizada y sistemática de proceder con
cualquier menor que está solo y es extranjero.
